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Nuestro país enfrenta desde hace décadas desafíos estructurales relacionados con la pobreza y el acceso a una alimentación adecuada. En un contexto de alta inflación, caída del poder adquisitivo y tensiones en el mercado interno de alimentos, la relación entre la pobreza, el costo de la canasta básica y la soberanía alimentaria se vuelve clave para entender la situación social.
Según los últimos datos disponibles del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en el primer semestre de 2025, el 47% de la población argentina vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 10% se encuentra en situación de indigencia. Estas cifras representan una leve suba respecto a años anteriores, principalmente por el impacto inflacionario y la retracción del empleo formal.
La pobreza no solo es una cuestión de ingresos: implica también el acceso limitado a servicios básicos, salud, educación y, sobre todo, a una alimentación nutritiva y suficiente.
El INDEC mide dos tipos de canastas:
- Canasta Básica Alimentaria (CBA): Determina el umbral de la indigencia.
- Canasta Básica Total (CBT): Incluye bienes y servicios esenciales y define la línea de pobreza.
En mayo de 2025, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó más de $650.000 mensuales para no caer en la pobreza, y al menos $290.000 para cubrir únicamente la CBA. El problema no es solo el alto costo, sino su incremento mensual por encima de la inflación general, lo que agrava la situación de los hogares más vulnerables.
La soberanía alimentaria se refiere al derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, priorizando la agricultura local y el acceso equitativo. En Argentina, un país con vastos recursos agrícolas, este concepto se enfrenta a una paradoja: produce alimentos para más de 400 millones de personas, pero millones de sus habitantes no acceden a una dieta adecuada.
Algunos factores que debilitan la soberanía alimentaria en Argentina:
- Concentración de la producción y distribución en grandes empresas agroexportadoras.
- Prioridad del modelo de exportación (soja, maíz, trigo) por sobre la producción de alimentos frescos para el mercado interno.
- Falta de políticas activas de apoyo a la agricultura familiar y campesina, que es clave para el abastecimiento local.
Frente a esta crisis estructural, distintas organizaciones sociales, movimientos campesinos y especialistas proponen medidas como:
- Fortalecimiento de los mercados de cercanía y ferias populares.
- Reforma del sistema de subsidios y precios de alimentos esenciales.
- Políticas de tierra y crédito para pequeños productores.
- Educación alimentaria y apoyo a comedores comunitarios.
Además, se requiere una política integral que conecte la asistencia social con la producción y distribución de alimentos, para que la ayuda estatal no sea solo paliativa, sino promotora de cambios estructurales.
En sintesis la pobreza, el encarecimiento de la canasta básica y la falta de soberanía alimentaria forman un círculo vicioso que afecta a millones de argentinos. Romperlo requiere un enfoque multisectorial, políticas públicas inclusivas y un compromiso real con el derecho a la alimentación. Argentina tiene el potencial productivo para alimentar a su población con calidad y equidad, pero necesita decisiones firmes que prioricen a quienes más lo necesitan.
